Radares en el punto de mira

Radares en el punto de mira

Los radares de la Dirección General de Tráfico están en el punto de mira por la proliferación de sentencias a consecuencia del denominado margen de error.

En Rosetta Advisor, tu buscador de despachos profesionales especializados por sectores y áreas de práctica, los conocemos al detalle y ponemos a vuestra disposición las últimas tendencias en cada uno de los sectores y sus subsectores. Encuentra a tu asesor especializado en nuestro buscador.

La proliferación de sentencias judiciales contrarias a las multas de los radares de la Dirección General de Tráfico ponen en entredicho la forma en que la DGT ejecuta las sanciones basadas en los datos emitidos por estos aparatos.

Concretamente, son ya más de 200 las sentencias que han dado la razón a los usuarios que han recurrido las sanciones, al entender que estas eran fruto de una aplicación incorrecta de los márgenes de error de la información de los radares.

El margen de error es un concepto que se enmarca en la Ley de Tráfico, que entró en vigor en 2010 y que establecía un cuadro de sanciones con intervalos fijados de velocidad, con la Ley de Metrología, que exige un margen de hasta un 5% para los radares fijos y de hasta un 7% para los móviles. Es precisamente después del año 2010 cuando han comenzado a aparecer las sentencias desfavorables a la DGT y a sus organismos homólogos en el País Vasco y Cataluña.

Desde la entidad Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se denuncia que, a pesar de estas sentencias, la DGT persiste en su política sancionadora, que encuentra cobijo en la disparidad de criterios de los juzgados a la hora de aplicar estos márgenes, ya que algunos de ellos consideran que la velocidad detectada por el cinemómetro siempre se debe corregir a la baja, mientras que otros estiman que hay que aplicar un índice corrector, lo que deriva en una cifra que puede ser muy variable, y otros consideran que no hay que aplicar corrección alguna.

El resultado de esta indefinición es, a criterio de la AEA, que desde el año 2010 la DGT ha sancionado por omisión del margen de error a un millón de conductores, recaudando unos 200 millones de euros extra e imponiendo unos dos millones de puntos de forma incorrecta.

Así pues, según la AEA, se incurre reiteradamente en una grave inseguridad jurídica que vulnera los principios más básicos que rigen la potestad sancionadora, análogos a los aplicados por la jurisdicción penal, que exigen una predeterminación clara, precisa y predecible de la conducta típica infractora o punible.

Además, la mayor parte de sentencias sobre estos litigios corresponden a juzgados de lo Contencioso Administrativo, aunque también las hay de Tribunales Superiores de Justicia. Hay que recordar, en este sentido, que estos litigios no pueden llegar al Supremo por su tipo y cuantía, con lo que en principio no existe la posibilidad de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo aclare y unifique el criterio a seguir con su jurisprudencia, circunstancia esta que agrava todavía más la situación y que, según la AEA, genera un vacío legal que es el que aprovecha la DGT para no variar su política sancionadora.

Dejar un comentario